Contraloría advierte sobre decreto propuesto por el Ministerio de Minas para reducir tarifas de energía
La Contraloría General de la República ha expresado su preocupación respecto al proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Minas y Energía, el cual busca disminuir las tarifas de energía en el país.
En un comunicado emitido hoy, la Contraloría ha calificado estas medidas como «innecesarias e inoportunas», destacando que muchos de los aspectos que pretende abordar ya están reglamentados y siendo llevados a cabo por instituciones como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y XM.
El proyecto de decreto, que se basa en la Ley 142 de 1994 sobre servicios domiciliarios y la Ley 143 de 1994 (ley eléctrica), contempla aspectos como la revisión quinquenal de las fórmulas tarifarias y la facultad de ajustar las subastas de Cargo por Confiabilidad. Sin embargo, la Contraloría ha señalado que estas decisiones ya deberían haber sido tomadas por el Gobierno Nacional sin necesidad de este nuevo decreto.
Una de las principales preocupaciones de la Contraloría es la falta de designación de los miembros de la CREG. Según el ente de control, de los seis comisionados requeridos, solo se ha nombrado a uno, y un posible segundo comisionado no ha podido asumir el cargo debido a restricciones de edad impuestas por la Función Pública.
En este sentido, la Contraloría ha instado a que se active la institucionalidad y se designen los miembros faltantes de la CREG para que puedan cumplir con sus funciones. Además, ha pedido que se agilice la planeación y se prioricen las conexiones a los proyectos de generación disponibles.
Cabe destacar que desde octubre del año pasado, la CGR ha estado en espera de los proyectos, planes y programas que el Ministerio de Minas y Energía llevará a cabo para la transición energética, sin que hasta el momento se haya recibido información al respecto.
La Contraloría hace un llamado urgente a que se reconsideren las medidas propuestas en el proyecto de decreto y se priorice la activación de la institucionalidad para garantizar una gestión eficiente y transparente en el sector energético del país.