El expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Andrés Alberto Ávila Ávila, se encuentra en el ojo del huracán luego de que la Procuraduría General de la Nación formulara cargos en su contra por presuntamente autorizar pagos millonarios que habrían desfinanciado los gastos de funcionamiento de la entidad.
Según la investigación de la Procuraduría, Ávila habría dado luz verde al pago de conceptos asociados a la nómina por más de $3.000 millones durante la vigencia 2022, una cifra que no estaba contemplada en el presupuesto de la SAE.
La Delegada para la Economía y Hacienda Pública reveló que estos pagos incluían salarios de 14 cargos profesionales de la planta de la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica, por un total de $1.500 millones, bonificaciones por $1.000 millones, y el costo de la planta para 10 funcionarios de proyectos especiales, que ascendía a $1.122 millones y que la entidad asumió en su totalidad.
Lo más preocupante es que estas partidas no fueron presupuestadas previamente ni sometidas a la consideración de los organismos pertinentes, como el Comité Técnico del CNE o el Consejo Nacional de Estupefacientes. Ante esta situación, la Sociedad de Activos Especiales se vio en la necesidad de solicitar una modificación presupuestaria para el año fiscal en cuestión.
La Procuraduría ha calificado provisionalmente la conducta del expresidente de la SAE como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, argumentando que Ávila habría vulnerado principios fundamentales como el de responsabilidad, eficacia y economía en el manejo de los recursos de la entidad.
Este escándalo ha generado indignación en la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la gestión administrativa de la SAE durante la gestión de Andrés Alberto Ávila Ávila. Mientras tanto, se espera que el proceso disciplinario en su contra avance y se esclarezcan las responsabilidades correspondientes en este caso de presunta corrupción.
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