En una decisión trascendental, el Tribunal Administrativo de Boyacá ha emitido un fallo que revela la vulneración del derecho colectivo a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollo urbanos en el municipio de Chivatá debido a la ausencia del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).
El tribunal, tras analizar detenidamente las pruebas presentadas en el proceso, encontró que el municipio de Chivatá ha infringido dicho derecho colectivo al no respetar las disposiciones jurídicas y no dar prevalencia a la calidad de vida de sus habitantes. Esta omisión ha obstaculizado la adecuada utilización, transformación y ocupación del suelo, así como el desarrollo ordenado y coherente del territorio.
Se destaca que desde el 17 de febrero de 2020, cuando se ordenó la suspensión provisional del EOT-Acuerdo No. 011 del 31 de agosto de 2001, y posteriormente se declaró su nulidad en septiembre de 2021, el municipio ha carecido de un marco legal para regular el crecimiento urbano y garantizar el bienestar de la comunidad.
El tribunal subrayó que la falta de adopción del plan de ordenamiento territorial ha sido por omisión de la entidad territorial, que ha incumplido los términos establecidos por la ley para su elaboración y aprobación. A pesar de algunas gestiones realizadas, no se ha avanzado de manera efectiva en este proceso crucial para el desarrollo sostenible del municipio.
Ante esta situación, el juzgado de primera instancia ha emitido órdenes claras a la entidad territorial demandada para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el EOT. Estas incluyen la revisión y sometimiento del proyecto ante las autoridades ambientales y el Consejo Territorial de Planeación, así como la realización de un cabildo abierto para la participación democrática de los gremios y habitantes de la comunidad.
Se espera que estas medidas impulsen la adopción del plan de ordenamiento territorial en Chivatá y aseguren un desarrollo urbano que respete las disposiciones legales y promueva la calidad de vida de sus habitantes. La protección de este derecho colectivo es fundamental para el bienestar y el futuro de la comunidad chivataeña.
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