Mineros y Gobierno Nacional logran acuerdos en Diálogos por la Paz y la Vida en Boyacá
En un esfuerzo por abordar las preocupaciones de los mineros tradicionales en el occidente de Boyacá, se llevaron a cabo los Diálogos por la Paz y la Vida, donde se lograron alcanzar acuerdos significativos entre representantes del Gobierno Nacional y líderes de la comunidad minera.
El evento, que tuvo lugar en el Coliseo de Santa Bárbara, contó con la participación de la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz Nova; el presidente de la Agencia Nacional Minera, Álvaro Pardo; el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, así como líderes sociales, mineros tradicionales y miembros de la comunidad local.
Durante estos diálogos se discutieron diversos temas relacionados con la minería tradicional y raizal, incluyendo las problemáticas que llevaron a las protestas de los mineros en Coscuez el año anterior. Se buscó encontrar soluciones integrales que beneficiaran a todos los involucrados en la actividad minera de la región.
Según expresó Fernández, uno de los participantes en los diálogos, se habló sobre la reciente resolución emitida el 22 de marzo, que aborda la legalización de los mineros tradicionales. Se destacó que se establecerán áreas de reservas prioritarias para estos mineros, así como la posibilidad de entregar títulos que se encuentran en proceso de extinción de dominio a los mineros tradicionales.
Además, se abordó el tema del cumplimiento de las normas ambientales por parte de las empresas mineras, y se solicitó la intervención de Corpoboyacá para garantizar la protección del medio ambiente en la actividad minera.
Los acuerdos alcanzados incluyen la realización de mesas de diálogo cada tres meses para revisar los avances de los compromisos adquiridos. Según el presidente de Asoguarcol, los mineros expresaron su satisfacción con estos compromisos, lo que representa un paso adelante en la búsqueda de soluciones para las comunidades mineras de Boyacá.
Estos diálogos representan un importante esfuerzo de colaboración entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y la comunidad minera, con el objetivo de encontrar soluciones sostenibles que beneficien a todos los involucrados y promuevan la paz y el desarrollo en la región.