La Procuraduría General de la Nación ha emitido una advertencia sobre el riesgo de interrupción en la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 35 entidades territoriales del país. Esta situación se debe a contratos vencidos o próximos a vencerse, lo que podría afectar a más de 652.964 niños, niñas y adolescentes que dependen de este servicio.
Según los datos recopilados por funcionarios de las entidades territoriales, procuradurías y personerías, así como informes de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), se ha identificado que varias entidades se encuentran en una situación crítica en relación con la continuidad del PAE.
Entre las entidades afectadas se encuentran municipios como Sabaneta, Sogamoso, Zipaquirá y Cartago, cuyos contratos han finalizado en el mes de marzo. De manera similar, otras ciudades y departamentos como Amazonas, Bello, La Estrella, Soledad, Cartagena, Duitama, Florencia, Cauca, Cundinamarca, Fusagasugá, Villavicencio, Norte de Santander, San Andrés y Providencia, Barrancabermeja, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Ibagué, Cali y Valle del Cauca están enfrentando situaciones similares, con contratos que ya han finalizado o están próximos a terminar en abril.
La situación se agrava en municipios y departamentos como Itagüí, Bolívar, Boyacá, Casanare, Funza, Girardot, Mosquera, Magdalena, Nariño, Putumayo y Vichada, donde los contratos finalizan en mayo.
Ante esta preocupante realidad, la Procuraduría ha solicitado información a las autoridades respectivas sobre el estado y avance de los nuevos procesos contractuales, recomendando que los contratos que se suscriban garanticen la prestación del servicio durante el resto del calendario escolar para evitar riesgos de continuidad.
Además, se ha requerido a las entidades territoriales que expliquen las razones operativas, técnicas y jurídicas por las cuales, en los casos en los que los contratos han finalizado, aún no se ha iniciado el proceso correspondiente.
La Procuraduría reitera su compromiso de adelantar acciones para anticiparse y evitar la interrupción de servicios que afecten los derechos de los ciudadanos, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública.
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