La Procuraduría General de la Nación ha expresado su profundo pesar por la tragedia ocurrida en una mina ilegal de oro en California, Santander, donde la acumulación de gases provocó la muerte de tres personas y dejó a seis más heridas. Según el ente de control, esta tragedia podría haberse evitado si las autoridades competentes hubieran actuado a tiempo.
Desde mayo de 2022, la Procuraduría ha venido emitiendo alertas y llamados a todas las entidades responsables para que cumplan con sus funciones constitucionales y legales en la formalización de la minería y la eliminación del uso de mercurio en la región. Sin embargo, el avance en estos objetivos ha sido insignificante por parte del Gobierno Nacional.
“El Ministerio Público lamenta profundamente este incidente que pudo haber sido prevenido. Desde hace dos años hemos estado advirtiendo sobre los peligros y la necesidad de medidas inmediatas para la formalización minera y la protección ambiental en California, Santander”, indicó un portavoz de la Procuraduría.
Además, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha incumplido los acuerdos relacionados con la delimitación del Páramo de Santurbán y no ha retomado las mesas permanentes de discusión sobre la pequeña minería, la diversificación económica y el cuidado del agua. De igual forma, el compromiso del Ministerio de Minas y Energía para construir una propuesta de habitabilidad del páramo tampoco ha mostrado avances tangibles.
Ante esta situación, la Procuraduría ha convocado a la IV Mesa Territorial en Santander, programada para el 6 de junio. Esta reunión, enmarcada en la “Estrategia Nacional para el Control de la Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio”, buscará revisar los progresos en la formalización minera, los niveles de contaminación por mercurio en los recursos hídricos, y las afectaciones ambientales y de salud en las comunidades dependientes del río Suratá.
“El incumplimiento de los acuerdos por parte de las entidades responsables no solo ha dejado sin protección a los ecosistemas, sino que también ha puesto en riesgo la vida y la seguridad de las familias mineras de California. Es urgente que se tomen medidas efectivas para combatir la minería ilegal y garantizar la integridad de estas comunidades”, agregó la Procuraduría a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
La vocación minera de California, con más de 400 años de historia, ha llevado a que muchas familias dependan de esta actividad. No obstante, la falta de formalización y la persistencia de prácticas ilegales, como el uso de mercurio, han generado un entorno peligroso tanto para los mineros como para el medio ambiente.
La Procuraduría reitera su llamado a las autoridades nacionales y locales para que asuman sus responsabilidades y adopten medidas concretas y urgentes que eviten futuras tragedias, protejan los recursos naturales y promuevan la seguridad y el bienestar de las comunidades mineras.
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