La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) debido a presuntos sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en La Guajira. La medida fue anunciada por la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, durante la rendición de cuentas del ente de control.
Imputados y acusaciones
Los exfuncionarios imputados son el exdirector general de la UNGRD, Olmedo López Martínez, el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el exsubdirector General, Víctor Andrés Meza Galván. Se les acusa de autorizar un pago superior a los $16,000 millones por los carrotanques, lo que representó un incremento del 54 % respecto a los precios reales de mercado.
Detalles del caso
Según la Tercera Delegada para la Contratación Estatal, los exdirectivos participaron en la actividad contractual que resultó en un detrimento del patrimonio público. Los carrotanques, adquiridos a un costo de $412 millones cada uno, presentan un sobrecosto significativo y actualmente están estacionados en un batallón militar, sin cumplir su finalidad prevista.
Roles y responsabilidades
Sneyder Pinilla, en su rol de supervisor del contrato, enfrenta un segundo cargo por haber recibido a satisfacción los carrotanques, pese a no cumplir con las condiciones legales pactadas. Esto, según la Procuraduría, representa un incumplimiento del contrato.
Impacto y calificaciones de las conductas
Las acciones de los exdirectivos han sido calificadas por la Procuraduría como faltas gravísimas. Las conductas de Olmedo López y Sneyder Pinilla se consideran cometidas a título de dolo, mientras que las de Víctor Meza se califican como falta gravísima a título de culpa gravísima.
Principios afectados
La Procuraduría señaló que con su posible actuación, los disciplinados pudieron afectar los principios de moralidad, eficacia y economía, al no manejar transparentemente los recursos de la UNGRD. La compra de los carrotanques, que no han cumplido su propósito, pone en evidencia la falta de una gestión adecuada y transparente en el uso de los fondos públicos.
Conclusión
Este caso subraya la necesidad de una vigilancia estricta y transparente en las actividades contractuales del Estado. La Procuraduría General de la Nación continúa su compromiso de garantizar que los recursos públicos sean gestionados con responsabilidad y eficiencia, y de sancionar las conductas que atenten contra estos principios.
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