La Procuraduría General de la Nación ha comenzado una indagación previa por presuntas irregularidades en contratos destinados a la construcción de 36 casas fiscales, según informó hoy la entidad. La investigación se centra en dos contratos firmados entre el Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional y el Ejército Nacional, que contemplaban la construcción de unidades residenciales en Nilo, Cundinamarca, y Buenavista, Guajira.
El origen de la investigación radica en la falta de claridad sobre la utilización de anticipos por más de $2.000 millones realizados en 2019 y 2021 para la ejecución de estas obras. Según la información recibida por la Regional de Instrucción de Cundinamarca, hay sospechas de pérdida de recursos debido a la suspensión de las labores de construcción, que debían completarse en un plazo de nueve meses desde la firma del acta de inicio del contrato.
El Ministerio Público ha indicado que las obras se detuvieron en agosto, los contratos caducaron, y no existe una explicación clara sobre el uso de los anticipos. Esta situación ha llevado al cobro de multas y al inicio de procesos sancionatorios por incumplimientos parciales.
La Procuraduría ha iniciado una actuación disciplinaria para determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si se trata de una falta disciplinaria y definir si los responsables actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
El objetivo de esta indagación es garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos destinados a la construcción de viviendas para el personal militar, y asegurar que se tomen las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad detectada.
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