Cielo Magaly Sepúlveda Figueroa, funcionaria de la Alcaldía de Tunja, ha presentado una queja ante la Procuraduría General de la Nación alegando acoso laboral. La denuncia involucra al alcalde Mikhail Krasnov y a tres directoras de la administración: Liliana Melo Serrato, directora del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública; Yesenia Benites Ibagué, directora del Departamento Administrativo de Hacienda Pública; y Luz Mila Acevedo Galán, directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal.
Según Sepúlveda, tras expresar al alcalde las carencias en la Unidad de Gestión de Cobro Coactivo, como la falta de personal y recursos básicos, comenzó a ser objeto de acoso laboral por parte de las funcionarias mencionadas.
Liliana Melo, en respuesta a las acusaciones, afirmó que la Alcaldía cuenta con un Comité de Convivencia Laboral destinado a abordar este tipo de situaciones. Melo explicó que el caso de Sepúlveda se está tratando en dicho comité, el cual está escuchando las versiones de todas las personas involucradas de manera separada. Además, señaló que la reubicación de Sepúlveda es parte de una serie de cambios en la planta de 405 funcionarios de la alcaldía, con el fin de equilibrar la carga laboral y mejorar la eficiencia del servicio.
Melo subrayó que Sepúlveda no ha sufrido desmejoramiento en sus condiciones laborales y que, aunque otras personas han sido trasladadas fuera del edificio central, ella sigue trabajando en la misma edificación. Además, insistió en que los movimientos son normales y necesarios para el buen funcionamiento de la administración.
La queja de Sepúlveda fue remitida por la Procuraduría al Comité de Convivencia Laboral de la alcaldía para su debido proceso. El desarrollo del caso será crucial para determinar si las alegaciones de acoso laboral tienen fundamento y si se deben tomar medidas adicionales para proteger los derechos de los funcionarios en la administración municipal.
La situación en la Alcaldía de Tunja resalta la importancia de los mecanismos internos para resolver conflictos laborales y la necesidad de garantizar un ambiente de trabajo justo y equitativo. La comunidad y los entes de control estarán atentos a la resolución de este caso, que podría tener implicaciones significativas para la gestión administrativa y el clima laboral en la entidad.
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