La Contraloría General de la República ha iniciado un proceso de responsabilidad fiscal contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y otros altos funcionarios, debido a pagos dobles y triples realizados erróneamente a la nómina de funcionarios públicos en noviembre de 2023. El monto total del proceso asciende a $1.624 millones, y está relacionado con más de 180 mil pagos equivocados efectuados a empleados de 74 entidades públicas.
La Contraloría, actuando de oficio, comenzó una indagación preliminar para establecer el daño patrimonial ocasionado. Este proceso sigue a una auditoría financiera realizada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que reveló un hallazgo fiscal adicional de $1.643 millones debido a intereses no liquidados diariamente por el Banco de la República sobre el saldo de la cuenta del Tesoro Nacional, consecuencia directa de los pagos en exceso de nómina.
«Se ordena la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por $1.624 millones debido a los pagos dobles y triples que equivocadamente se realizaron el 24 de noviembre de 2023», detalló la Contraloría en un comunicado. Los presuntos responsables incluyen al Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla González, el Viceministro General Diego Alejandro Guevara Castañeda y otros cinco funcionarios de esta cartera.
La Contraloría ha detallado que se inició una indagación preliminar para determinar las circunstancias exactas en que se efectuaron los pagos indebidos y evitar un mayor detrimento patrimonial. A través de este proceso, se ha realizado un seguimiento exhaustivo a los recursos que han retornado al Tesoro Público mediante reversos bancarios, consignaciones voluntarias y débitos de nóminas, entre otros mecanismos. Hasta la fecha, se han recuperado $663.755 millones, quedando aún por recuperar $1.624 millones, cifra que incluye el Gravamen de Movimientos Financieros aplicado por una entidad bancaria.
Entre las causas identificadas por la Contraloría para la pérdida de recursos están errores en las nóminas presentadas por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva y el Comando General del Ejército, fallos en el sistema y la inobservancia de las alertas generadas por este.
Adicionalmente, la auditoría financiera adelantada por la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, en el marco del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal, evidenció que el Estado dejó de percibir aproximadamente $1.643 millones en intereses que el Banco de la República debió liquidar diariamente sobre el saldo de la cuenta del Tesoro Nacional. Esta situación, resultado de los pagos en exceso de nómina, ha sido calificada con incidencias fiscales y disciplinarias.
«La situación es sumamente grave, pues no solo se trata de una falla administrativa, sino de un detrimento significativo para el patrimonio del Estado», concluyó la Contraloría en su informe.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aún no ha emitido una declaración oficial sobre las acciones que tomará en respuesta a esta decisión de la Contraloría. Mientras tanto, la investigación continúa, y se espera que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Acerca del autor
