La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa para esclarecer posibles irregularidades en la concesión del servicio de grúas y patios de inmovilización vehicular en Tunja. Esta investigación tiene como objetivo identificar a los responsables dentro de la Alcaldía de Tunja y particulares involucrados en la administración de recursos públicos de Tránsito de la ciudad.
El proceso se abrió tras la intervención del procurador provincial de Tunja durante una sesión de la Comisión de Moralización de Boyacá, en la que participaron la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, veedores, prensa y ciudadanía en general. La denuncia se basa en presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución del contrato del Consorcio Integral Tránsito de Tunja, específicamente con la empresa Gruascol S.A.S.
Gruascol S.A.S., la compañía en cuestión, tiene como accionistas a Lina Paola Monroy Parada, Ciro Antonio Sandoval Buitrago y John Fredy Sanabria, quienes son respectivamente hija, esposo y yerno de Miriam Parada Zamudio, coordinadora de los agentes de Tránsito de Tunja. Se acusa a Parada Zamudio de ejercer presión sobre sus compañeros para incrementar el número de vehículos inmovilizados, beneficiando así el negocio familiar de Gruascol S.A.S.
Además, se investigan posibles irregularidades relacionadas con la operación del patio de inmovilización vehicular conocido como ‘La Nueva María’, que es manejado por Hernando Sandoval Nuncira. Este patio supuestamente carece de la autorización necesaria para su funcionamiento, lo que agrava las sospechas sobre la legalidad de las operaciones vinculadas a este contrato.
Las acusaciones apuntan a un conflicto de intereses y un posible abuso de poder por parte de funcionarios públicos, afectando la transparencia y la legalidad en la gestión de servicios esenciales para la ciudad. La Procuraduría continuará con las investigaciones para determinar la veracidad de las denuncias y establecer responsabilidades.
La ciudadanía y los entes de control estarán atentos al desarrollo de esta investigación, que pone en el centro del debate la necesidad de transparencia y ética en la administración pública. La conclusión de este proceso podría tener importantes repercusiones para la gestión municipal en Tunja y servir como precedente para otros casos similares en el país.
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