La Contraloría General de la República ha expresado su profunda preocupación por los altos índices de siniestralidad vial en Colombia, destacando los graves impactos en la población afectada. Al cierre del año 2023, la política pública de Seguridad Vial no alcanzó los resultados esperados, subrayando la necesidad de un cambio urgente en las estrategias actuales para abordar este problema.
La siniestralidad vial se ha convertido en una prioridad de salud pública en Colombia, con los años 2022 y 2023 registrando los niveles más altos de víctimas en el siglo XXI, superando las 8.600 personas fallecidas. Este tipo de incidentes ocupa el octavo lugar en la lista de causas de muerte en general en el país, siendo la quinta para los hombres y la principal causa de muerte violenta en mujeres.
El seguimiento realizado por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura revela que los avances hacia las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están lejos de ser alcanzados. La Contraloría subraya la necesidad de redireccionar las políticas actuales con mayores esfuerzos eficaces y efectivos por parte de las autoridades y entidades competentes.
El impacto de la siniestralidad vial es especialmente grave en poblaciones vulnerables. En 2023, fallecieron 535 niñas, niños y adolescentes en accidentes de transporte, siendo esta la única causa de muerte violenta con una tendencia creciente del 9% en comparación con 2022. Además, los siniestros viales se convirtieron en la principal causa de muerte violenta entre los adultos mayores, con 1.768 vidas perdidas, un incremento del 6% respecto al año anterior.
A pesar de más de una década de existencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la Contraloría señala la falta de indicadores para monitorear a los lesionados sobrevivientes. Un estudio realizado en 2023 sobre el impacto fiscal de la siniestralidad vial reveló que las atenciones a víctimas en 2022 superaron el millón de casos, con un costo total de más de $2.7 billones, cubiertos por el sistema SOAT.
Los resultados obtenidos hasta ahora están lejos de las metas trazadas por la política pública, que busca reducir las muertes y lesiones por siniestros viales en al menos un 50% para 2030. Las cifras actuales muestran una brecha significativa entre las metas y la realidad: en 2022 y 2023, las metas de reducción de fallecidos eran de 7.015 y 6.675 personas respectivamente, pero los registros reales fueron de 8.469 y 8.546 personas fallecidas.
Para 2024, la meta es reducir las muertes a 6.371 personas, un objetivo que parece inalcanzable sin acciones efectivas que reviertan la tendencia creciente de siniestralidad vial. La Contraloría General hace un llamado urgente a redireccionar las políticas públicas y a implementar medidas más contundentes para prevenir estas tragedias y proteger la vida de los colombianos.
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