Contraloría General detecta hallazgos fiscales por $20.713 millones en el Fondo de Infraestructura Educativa
La Contraloría General de la República ha revelado hallazgos fiscales por un total de $20.713 millones durante las auditorías realizadas al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE). Estos hallazgos se relacionan con la planeación, ejecución, seguimiento y cierre de proyectos de infraestructura educativa a nivel nacional.
Las auditorías, llevadas a cabo en los años 2022, 2023 y el primer semestre de 2024 por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, identificaron sesenta y dos (62) hallazgos fiscales en total. Las principales fallas detectadas incluyen deficiencias en la ejecución contractual (41%), falencias en la calidad de las obras y obras inconclusas (33%), y problemas en la fase de planeación (16%).
El departamento de Antioquia y el municipio de Apartadó destacan con nueve hallazgos fiscales que suman $7.040 millones. En Boyacá, se encontraron doce hallazgos fiscales por $4.209 millones. La región del Eje Cafetero concentró el 44% de los resultados fiscales, seguida por la región Centro Oriente con el 28%, y la región Centro Sur con el 12%.
Comparando los resultados de 2023 con 2022, la Contraloría reportó un notable aumento en los hallazgos fiscales. En 2022 se identificaron cuatro hallazgos fiscales por valor de $1.434 millones. En contraste, en 2023 se registraron cincuenta hallazgos fiscales, un incremento del 1.150%, por un valor total de $16.678 millones, lo que representa un aumento del 1.063%. Durante el primer semestre de 2024 se encontraron ocho hallazgos fiscales, valorados en $2.599 millones.
Estos resultados resaltan la necesidad de mejoras en la gestión y ejecución de los proyectos de infraestructura educativa financiados por el FFIE, así como una mayor vigilancia y control para asegurar el uso adecuado de los recursos públicos.
La Contraloría General continuará realizando auditorías y ejerciendo control fiscal para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos destinados a la infraestructura educativa, fundamental para el desarrollo y bienestar de la sociedad.