Judicializada secretaria de la personería de Siachoque por apropiación de 30 millones de pesos
En un escándalo que sacude a la comunidad de Siachoque, Boyacá, Ana Carolina Pirazan Suesca, secretaria de la Personería Municipal, ha sido judicializada por la presunta apropiación indebida de 30 millones de pesos. El dinero formaba parte de una conciliación entre dos ciudadanos de la región, quienes intentaban resolver un conflicto por la compra de un lote.
La investigación, llevada a cabo por un fiscal adscrito a la Seccional Boyacá, reveló que Pirazan Suesca utilizó su posición para ofrecer sus servicios en la custodia del dinero, que debía ser entregado a la contraparte al finalizar el proceso conciliatorio. Para asegurar la confianza de los involucrados, la funcionaria expidió una constancia oficial de recibo de la suma en papelería de la Personería y afirmó que el capital había sido depositado en una cuenta bancaria.
Sin embargo, con el paso de los días, se comprobó que no existía registro de la transacción en la entidad bancaria, lo que despertó sospechas sobre el destino del dinero. La evidencia recopilada sugiere que Pirazan Suesca habría tomado los 30 millones de pesos para su beneficio personal y nunca realizó la entrega formal a la Personería de Siachoque.
Ante estos hechos, la Fiscalía imputó a Ana Carolina Pirazan Suesca el delito de peculado por apropiación. La funcionaria se allanó al cargo, admitiendo su responsabilidad en el hecho, y fue cobijada con medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención domiciliaria.
Este caso resalta la importancia de la transparencia y la integridad en el manejo de fondos públicos y privados, especialmente cuando se trata de resolver conflictos que afectan a la comunidad. La actuación de las autoridades judiciales en este asunto subraya el compromiso con la justicia y la lucha contra la corrupción en todas sus formas.
La comunidad de Siachoque espera que este proceso judicial avance con celeridad y que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros casos de corrupción, asegurando que los funcionarios públicos cumplan con sus deberes de manera ética y responsable.