La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha impuesto severas sanciones al Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y a su exrepresentante legal, debido a incumplimientos relacionados con las solicitudes de información, órdenes e instrucciones emitidas por la Delegatura para la Protección de la Competencia. La multa asciende a más de 200 millones de pesos.
El proceso administrativo que culminó en estas sanciones se originó a partir de una visita administrativa realizada por la SIC a las instalaciones del Boyacá Chicó en Bogotá el 21 de julio de 2021. Durante esta visita, el exrepresentante legal del club se negó a recibir a los funcionarios, a testificar en las instalaciones del club, de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y de la Dimayor, y se abstuvo de delegar personal para atender la inspección. Estas acciones fueron interpretadas como una obstrucción al ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia.
La SIC resaltó la importancia de las visitas administrativas de inspección, las cuales son cruciales para obtener información sobre posibles prácticas restrictivas de la competencia, que suelen ser mantenidas en secreto por los agentes del mercado. “Por esta razón, recordamos que el cumplimiento de las órdenes e instrucciones impartidas por esta Superintendencia es indispensable para una adecuada protección del régimen de libre competencia económica, así como para el ejercicio de las funciones a cargo de esta Autoridad”, subrayó la entidad en su comunicado.
La multa impuesta es una medida ejemplar que busca reforzar el cumplimiento de las normativas de competencia y garantizar la transparencia en el mercado. La SIC enfatizó que este tipo de sanciones son necesarias para disuadir a otros agentes del mercado de incurrir en prácticas similares y para asegurar que las investigaciones y procesos administrativos puedan llevarse a cabo sin obstáculos.
El Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y su exrepresentante legal deberán responder ahora a las sanciones impuestas, mientras que la SIC continúa su labor de vigilancia para mantener la competencia leal y proteger los derechos de los consumidores y otros actores del mercado.
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