La Procuraduría evalúa posibles violaciones de protocolos de protección tras el uso indebido de camionetas de la entidad para transportar disidentes con órdenes de captura
En medio de un escándalo que involucra a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una inspección disciplinaria a la entidad para investigar el uso de camionetas de la UNP en el traslado de disidentes de las FARC, quienes tienen órdenes de captura vigentes. El caso ha generado una profunda preocupación sobre el cumplimiento de los protocolos de protección y la gestión de los esquemas de seguridad.
El equipo de investigación, liderado por la Directora Nacional de Investigaciones Especiales, Lucila Mercedes Vidal Luque, ha recaudado pruebas documentales durante la inspección para identificar a los servidores públicos que pudieron haber incumplido las normativas y protocolos de la UNP. La inspección se llevó a cabo tras la detención de una caravana en un retén militar cerca de Bello, Antioquia, donde se encontraron armas de fuego, municiones y dinero en los vehículos.
“Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, declaró Vidal Luque. La directora enfatizó que, aunque el esquema de protección colectivo aparentemente era prestado por empresas tercerizadas, se investigarán los procesos de contratación y los manuales de funciones de los involucrados para determinar responsabilidades.
La revisión incluye los contratos celebrados con empresas tercerizadas que prestan servicios de seguridad, un aspecto crucial para comprender la magnitud del incumplimiento y las posibles omisiones en los protocolos establecidos. Vidal Luque señaló que la situación podría llevar a la determinación de conductas disciplinarias relevantes, afectando tanto a servidores del nivel directivo como a otros funcionarios de la UNP.
Además, se anunció una inspección disciplinaria a las oficinas de la Alta Consejería para la Paz y a la Unidad Militar del municipio de Bello, en un esfuerzo por esclarecer todos los aspectos relacionados con este incidente y asegurar que se tomen las medidas correctivas necesarias.
La comunidad y los observadores están atentos a las acciones de la Procuraduría y esperan que esta investigación arroje luz sobre las irregularidades y garantice el correcto funcionamiento de los esquemas de protección en Colombia.
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