La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación sobre funcionarios del Colegio Corazonista y de la Institución Educativa Distrital Jorge Eliecer Gaitán en Bogotá, debido a posibles omisiones en el cumplimiento de los protocolos para la detección y prevención de violencias de género. La investigación se centra en determinar si estas instituciones han incumplido la directiva 01 del 4 de marzo de 2022, emitida por el Ministerio de Educación.
El objetivo de esta directiva es garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y prevenir cualquier tipo de violencia sexual en los entornos escolares. Según el ente de control, se está verificando si estos centros educativos han exceptuado de alguna manera el cumplimiento de esta normativa obligatoria.
“La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por determinar del Colegio Corazonista y de la Institución Educativa Distrital Jorge Eliecer Gaitán, por omitir el cumplimiento de una directriz de carácter obligatorio del Ministerio de Educación”, informó el Ministerio Público en un comunicado oficial. La entidad busca esclarecer si las instituciones han brindado la atención preventiva adecuada ante posibles casos de violencia sexual, y ha ordenado la práctica de las pruebas necesarias para conocer las acciones llevadas a cabo.
Además de investigar el posible incumplimiento de la directiva, la Procuraduría también está interesada en conocer cómo se ha manejado la atención preventiva en estos casos. Esto incluye una revisión detallada de los procedimientos y acciones implementados por las instituciones educativas para asegurar la protección de los estudiantes.
La investigación de la Procuraduría es una respuesta a las preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de los estudiantes en los entornos escolares. La entidad busca garantizar que todas las instituciones educativas cumplan con las normativas establecidas para prevenir y combatir cualquier tipo de violencia de género.
La situación ha generado preocupación entre los padres de familia y la comunidad educativa, quienes esperan resultados claros y acciones contundentes por parte de las autoridades. La Procuraduría ha reafirmado su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y su determinación de investigar a fondo cualquier posible incumplimiento de las directivas del Ministerio de Educación.
La comunidad educativa de Bogotá está atenta a los avances de esta investigación y espera que se tomen las medidas necesarias para asegurar que todos los entornos escolares sean espacios seguros y libres de violencia para todos los estudiantes.
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