La Fiscalía General de la Nación ha solicitado la imposición de una medida privativa de libertad contra tres exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y un empresario, a quienes se les acusa de haber cometido un desfalco millonario en la compra de carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.
Los acusados son Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD; Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres; y el contratista Luis Eduardo López Rosero. Según la Fiscalía, estos exfuncionarios y el empresario se habrían apropiado de cerca de 9 mil millones de pesos de un total de 14.163 millones, correspondientes a los sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques.
La Fiscalía, en su presentación ante el Juez 35 con Función de Control de Garantías de Bogotá, destacó la gravedad de los hechos y la urgencia de imponer la medida de aseguramiento en un centro de reclusión, argumentando que «la solicitud no se basa en simples sospechas carentes de respaldo. Por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada».
Durante la audiencia, los fiscales a cargo de la investigación expusieron las pruebas que respaldan la medida solicitada, según el rol y grado de participación de cada imputado en el entramado criminal. Entre los delitos que se les imputan se encuentran concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía aseguró que los implicados eran plenamente conscientes de sus acciones, señalando que «los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad».
Además, se hizo hincapié en la necesidad de dictar una medida privativa de la libertad, aun en el caso de que se llegue a un preacuerdo o se aplique un principio de oportunidad. La Fiscalía advirtió que, de no tomarse esta medida, los acusados podrían intentar obstruir la justicia al «destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios».
La investigación en curso ha revelado cómo, presuntamente, se creó una organización criminal que se apoderó de los contratos de la UNGRD para beneficiar a contratistas específicos, quienes, a cambio, entregaban millonarias coimas. Según la investigación, los exfuncionarios López Martínez y Pinilla Álvarez habrían direccionado 21 órdenes de contratación por un valor de 228.884 millones de pesos.
Uno de los eventos más destacados en esta trama de corrupción es el contrato firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques por un valor de 46.800 millones de pesos. Este contrato, que tenía como objetivo llevar agua potable a las comunidades indígenas vulnerables de la Alta Guajira, resultó en una defraudación de 14.163 millones de pesos, de los cuales los imputados se habrían apropiado de una parte significativa.
La audiencia, que comenzó este miércoles, fue suspendida y se reanudará el próximo sábado 31 de agosto. Mientras tanto, la Fiscalía continúa avanzando en otras líneas de investigación dirigidas a desarticular la presunta «organización criminal» que se habría apoderado de la contratación en la UNGRD.
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