José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y miembro de la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha planteado la posibilidad de suspender las conversaciones con este grupo guerrillero, tras la revelación de un escándalo de corrupción que podría involucrar el desvío de recursos hacia el ELN. Estas acusaciones surgen en medio de la investigación sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyo exdirector, Olmedo López, ha señalado a Karen Manrique, representante a la Cámara por las curules de paz de Arauca, como una figura clave en el presunto desvío.
Lafaurie calificó la situación como «muy grave», destacando que Arauca, una región históricamente controlada por el frente Domingo Laín del ELN, sigue siendo un epicentro de actividades ilegales como la extorsión, el secuestro y el reclutamiento infantil. «En Arauca, un departamento con un largo historial de gobernantes cooptados por el ELN, donde el grupo guerrillero impone alcaldes y recibe una tajada de la contratación local, cualquier peso de las regalías petroleras o de las ‘partidas gestionadas’ es mermado por el ELN, según fallos judiciales», afirmó.
El escándalo involucra el supuesto desvío de fondos de la UNGRD hacia el ELN, lo que ha generado preocupación en la delegación gubernamental encargada de los diálogos de paz. Lafaurie subrayó que, aunque el asunto se encuentra ahora en manos de la justicia, con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia llevando a cabo las investigaciones pertinentes, es crucial que el gobierno mantenga sus principios de legalidad y transparencia.
La delegación del gobierno ha sido clara en que los recursos del Fondo Multidonante, que el ELN pretende utilizar como justificación para reanudar el secuestro extorsivo, están destinados exclusivamente a financiar acciones transformadoras en los territorios, y no para sostener a un grupo ilegal en proceso de negociación.
Lafaurie recordó que fue el propio ELN quien congeló unilateralmente los diálogos en febrero de este año, en rechazo al diálogo regional en Nariño. Ahora, según el líder ganadero, es el gobierno quien debería considerar la suspensión de las negociaciones hasta que se aclare el presunto desvío de recursos en Arauca. «La sombra de la corrupción oscurece el camino hacia la paz, que merece iluminarse de credibilidad y confianza», concluyó.
Este llamado a congelar los diálogos refleja la tensión y la desconfianza que este escándalo ha generado en un proceso de paz que ya enfrentaba desafíos significativos. La comunidad internacional, incluidos los países garantes, la ONU y la Iglesia Católica, se mantendrán atentos a los desarrollos de esta situación, que podría tener implicaciones profundas para la estabilidad y la paz en Colombia.
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