La infraestructura del Establecimiento Penitenciario y Carcelario Normandía de Chiquinquirá será objeto de importantes mejoras tras el fallo de una tutela interpuesta por la Personería de Chiquinquirá y respaldada por el concejal Camilo Andrés García Delgado. La acción judicial, liderada por el personero Carlos Ernesto Fajardo Castiblanco, buscaba garantizar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad en este centro penitenciario, y fue fallada a favor por la juez Primera Penal del Circuito de Chiquinquirá, Yadira Zambrano.
El personero Fajardo explicó en diálogo con Caracol Radio que la tutela surgió de las preocupaciones expresadas durante los comités mensuales de Derechos Humanos, en los que los delegados de los siete patios del penal manifestaron de manera unánime las difíciles condiciones en las que viven los internos, especialmente en lo que respecta a las goteras y filtraciones de agua en las celdas. «Pedimos que se realizara una inversión económica para que se taparan las goteras que existen al día de hoy en las celdas de los diferentes patios del centro penitenciario, que cuando llueve le caen a los internos que ya están recluidos en ellas; desde luego que no es una condición digna de existencia para nadie», enfatizó Fajardo.
El fallo de la juez Zambrano ordena al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) elaborar un plan conjunto que deberá ser implementado en un plazo de tres meses. Este plan deberá abordar de manera integral las necesidades de infraestructura del penal, incluyendo la reparación y mantenimiento de techos, sanitarios, duchas, lavamanos, pasillos comunes y celdas que presenten goteras, filtraciones de agua o problemas de humedad.
El concejal García, quien es médico de profesión, jugó un papel crucial al demostrar ante la juez cómo estas condiciones impactaban negativamente en el derecho fundamental a la salud de los reclusos. «Con su colaboración logramos demostrarle a la juez que estas circunstancias afectaban el derecho fundamental a la salud de las personas recluidas y a través de esto logramos que se haga una remodelación», subrayó Fajardo.
Este fallo representa un avance significativo en la lucha por mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad en la cárcel de Chiquinquirá, un establecimiento que, según Fajardo, no había recibido mejoras significativas en décadas. Ahora, el Inpec tiene la responsabilidad de ejecutar las obras necesarias para garantizar un entorno digno y saludable para los internos, respondiendo así a las demandas legítimas que surgieron de la propia comunidad penitenciaria y de sus defensores de derechos.
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