La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra funcionarios aún por identificar, en relación con el hacinamiento severo y las condiciones infrahumanas que enfrentan 268 personas privadas de la libertad (ppl) en el centro de detención transitoria Laura Valencia, ubicado en Popayán, Cauca. Esta medida surge tras denuncias sobre la situación crítica en la que se encuentran los detenidos, quienes esperan la resolución de su situación jurídica.
Según las investigaciones iniciales, el centro, que opera en las instalaciones del antiguo colegio Laura Valencia, está notablemente sobrepoblado, lo que ha llevado a que las personas privadas de la libertad sean alojadas en un espacio que no cumple con los estándares mínimos de privacidad y dignidad exigidos por la ley. Además, la situación se agrava debido al riesgo sanitario al que están expuestos tanto los detenidos como los funcionarios policiales encargados de su custodia.
En su comunicado oficial, la Procuraduría señaló que las condiciones en las que se encuentran las 268 personas privadas de la libertad en este centro transitorio podrían constituir una violación de sus derechos fundamentales. «El Ministerio Público actúa en defensa y protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, y recordó que estas deben ser tratadas con el respeto que merece la dignidad propia de todo ser humano», enfatizó la entidad, subrayando su compromiso con la defensa de los derechos humanos.
El proceso de indagación se centrará en verificar la ocurrencia de las conductas denunciadas y determinar si estas configuran faltas disciplinarias. Para ello, la Procuraduría ha ordenado la práctica de pruebas documentales que permitirán esclarecer la responsabilidad de los funcionarios implicados en la situación de hacinamiento.
Este caso ha generado preocupación a nivel nacional, ya que pone en evidencia las graves deficiencias en la infraestructura y gestión de los centros de detención transitoria en Colombia, y subraya la necesidad urgente de abordar el problema del hacinamiento carcelario. La Procuraduría reitera que las condiciones de detención deben garantizar la dignidad de las personas, independientemente de su situación jurídica, y se compromete a llevar a cabo una investigación exhaustiva para asegurar que se tomen las medidas correctivas necesarias.
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