La Corte Suprema de Justicia, atendiendo una solicitud de la Procuraduría General de la Nación, decidió reducir la condena impuesta a un agente de la Policía Nacional, Anderson Yepes Navarro, quien había sido sentenciado a 39 años de prisión por su participación en un operativo judicial en Cartagena que resultó en la muerte de Karol José Blanco Zambrano.
La reducción de la condena se produjo después de que la Procuraduría interviniera en la audiencia de sustentación del recurso de casación, argumentando que la sanción impuesta desbordaba los límites del ordenamiento jurídico. «La condena de 39 años de prisión resultaba excesiva al desbordar nuestro ordenamiento jurídico», señaló el Ministerio Público, solicitando a la Corte que revisara la decisión.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema acogió el planteamiento de la Procuraduría y redujo la condena a diez años y dos meses de prisión. En su fallo, la Corte reconoció que, si bien Yepes Navarro disparó en una pierna a Blanco Zambrano durante el operativo, lo que posteriormente causó su muerte, no existía la intención de acabar con su vida. «Las pruebas en el proceso demostraron que su intención no era la de acabar con su vida sino impedir que este huyera del lugar», explicó la Corte.
El tribunal también destacó que, de haber tenido la intención de causar la muerte, el agente habría disparado en una parte más vulnerable del cuerpo, considerando su entrenamiento en el manejo de armas de fuego. La Corte sostuvo que el acusado provocó un daño más grave que el que pretendía inducir, y que su conducta debía ser revaluada bajo la figura de homicidio preterintencional y no doloso.
El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal subrayó durante la audiencia que la condena inicial “desbordaba la estricta legalidad de una conducta dolosa”, y que las pruebas sugerían una conducta preterintencional, es decir, un daño mayor al pretendido pero sin la intención directa de causarlo. Este argumento fue determinante en la decisión final de la Corte.
Con esta sentencia, se evidencia la importancia de la intervención de la Procuraduría General de la Nación en la protección de los derechos y la correcta aplicación de la justicia, asegurando que las condenas se ajusten al marco legal y a la naturaleza de los hechos.
Acerca del autor
