En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 17 años al teniente Darío Fernando Cabrera Hidalgo, exjefe del Grupo de Servicios Asistenciales de la Policía del Quindío, por acosar laboralmente a una subalterna entre noviembre de 2019 y mayo de 2020.
El ente de control encontró probado que el oficial abusó de su posición jerárquica al descalificar con comentarios hostiles y humillantes las labores de una patrullera, además de imponerle cambios permanentes en los turnos, obligándola a trabajar en sus días de descanso y omitiendo las incapacidades médicas que ella presentaba. Adicionalmente, Cabrera Hidalgo le asignó responsabilidades que excedían sus horarios laborales, lo que generó su aislamiento dentro del entorno de trabajo, ya que sus compañeros evitaban el contacto con ella para no ser víctimas de medidas similares.
La Regional de Juzgamiento de Risaralda, al confirmar estos hechos, subrayó que el teniente vulneró la dignidad humana y el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Durante el período en que ocurrieron los hechos, Cabrera Hidalgo también se desempeñaba como jefe del Grupo Prestador de Atenciones de Salud en Quindío de la Policía Nacional, cargo desde el cual ejerció conductas que, según el Ministerio Público, «vulneraron el principio de moralidad, se apartaron de la normatividad vigente y abusaron de su grado para entorpecer el desarrollo del trabajo a cargo de su subalterna».
El comportamiento del teniente fue calificado por la Procuraduría como una falta gravísima cometida con dolo, es decir, con la intención clara de causar daño o perjuicio. Este tipo de sanciones ejemplares buscan enviar un mensaje contundente sobre la importancia de respetar los derechos laborales y mantener un ambiente de trabajo sano y respetuoso en todas las instituciones, incluyendo las fuerzas de seguridad.
Este fallo se suma a otros esfuerzos del ente de control por erradicar conductas de acoso y abuso de poder en las instituciones públicas, destacando la necesidad de garantizar que todos los funcionarios, sin importar su rango, cumplan con las normativas que protegen la dignidad y los derechos de sus subordinados.
Cabrera Hidalgo, quien ya no ejerce funciones dentro de la Policía, enfrenta una inhabilidad general que le impedirá ocupar cargos públicos durante 17 años, una medida que refleja la gravedad de sus acciones y la firmeza con la que la Procuraduría está abordando este tipo de casos.
Acerca del autor
