El pasado 2 de agosto, el Gobierno de Colombia oficializó el decreto 0977 de 2024, que marca un hito en la política minera del país. Con la creación de los «distritos mineros para la vida y la paz» y los «distritos mineros para la transición energética y la reindustrialización», se busca reordenar la actividad minera en 80 municipios de 10 departamentos, priorizando la formalización de la minería y la solución de conflictos ambientales, sociales y económicos que afectan a estas regiones.
El propósito central de esta política es enfrentar los altos niveles de informalidad minera y promover la explotación regulada de minerales estratégicos, esenciales para la transición energética. Además, se pretende generar alternativas económicas en zonas que han dependido de la explotación de carbón térmico, un mineral cuyo uso y producción se está replanteando a nivel nacional e internacional. El Gobierno busca no solo frenar la entrega de nuevos títulos para la explotación de carbón térmico, sino también impulsar actividades alternativas como la agricultura, el turismo y la creación de pequeñas industrias locales.
En el departamento de Boyacá, uno de los epicentros de esta transformación, se han designado tres distritos mineros. Estos son el Distrito Norte, que incluye a los municipios de Boavita, San Mateo y La Uvita; el Distrito Valderrama-Norte, con Sativanorte, Sativasur, Paz del Río, Jericó, Betéitiva, Socha, Socotá y Tasco; y el Distrito Sugamuxi-Tundama, en el que se encuentran Corrales, Gámeza, Tópaga, Paipa, Tibasosa, Sogamoso, Monguí, Firavitoba, Nobsa y Mongua. Estas zonas están llamadas a desempeñar un papel crucial en la reconfiguración de la minería del carbón, especialmente del carbón metalúrgico, un recurso estratégico para la producción de acero, vital en la construcción de infraestructuras para energías renovables.
En otros departamentos como Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Caldas, la actividad minera se centrará en la explotación de minerales como oro, cobre y platino. Sin embargo, la situación en estas regiones es compleja, debido a los conflictos ambientales, la presencia de actores armados y la alta informalidad que caracteriza la minería. Para afrontar estos desafíos, se priorizarán acciones que fortalezcan la formalización y el control de la explotación minera, además de fomentar la paz y el desarrollo en estos territorios.
En Cauca, por ejemplo, se han establecido dos distritos: Litoral Pacífico Caucano, que abarca Guapi, Timbiquí y López de Micay; y el Norte del Cauca, con Suárez y Buenos Aires. Por su parte, en Chocó, los distritos mineros Atrato y San Juan incluirán municipios como Quibdó, Bagadó, Tadó, Condoto e Istmina. Mientras que en el Valle del Cauca, Buenaventura, Dagua, Jamundí y Cali serán los municipios priorizados, y en Caldas se conformará un distrito que agrupa a Marmato, Supía y Riosucio.
Con esta nueva política, el gobierno colombiano espera no solo impulsar la transición energética a través de la minería responsable, sino también brindar soluciones sostenibles a las comunidades que durante años han dependido de la minería tradicional, abriendo la puerta a nuevas oportunidades económicas y sociales. Este enfoque integral busca asegurar un equilibrio entre la explotación de recursos y la protección ambiental, promoviendo el bienestar de las poblaciones mineras y la construcción de paz en las zonas históricamente afectadas por conflictos.
La implementación de estos distritos mineros representa un desafío y una oportunidad para Colombia, en su camino hacia una economía más sostenible y equitativa, en la que la minería siga siendo una actividad importante, pero bajo parámetros que respeten tanto a las personas como al medio ambiente.
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