La Contraloría General de la República ha emitido un fallo con responsabilidad fiscal por un total de $87.027 millones contra la Unión Temporal Centros Poblados 2020, su representante legal, la firma interventora y los proveedores de equipos de internet, debido a serias irregularidades en la ejecución del contrato 1043 de 2020. Este contrato tenía como objetivo instalar 7.277 centros digitales en zonas rurales de 16 departamentos de Colombia, pero su incumplimiento ha dejado a muchas comunidades sin acceso a internet gratuito.
La Contraloría identificó que el consorcio no cumplió con la entrega total de equipos necesarios para culminar el proyecto. Según el organismo, esta situación se traduce en una «gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna», lo que impidió que se alcanzaran los fines esenciales del Estado relacionados con la conectividad en las áreas más apartadas del país.
El fallo se deriva de la investigación realizada por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría, que concluyó que la Unión Temporal Centros Poblados y su representante legal no ejecutaron el contrato según lo pactado, lo que llevó a la terminación anticipada del mismo. Además, se destacó que el consorcio presentó una garantía bancaria falsa, condición sin la cual no se habría iniciado el contrato ni se habrían desembolsado $70.000 millones en anticipos.
La Contraloría también determinó que hubo omisiones por parte de la empresa proveedora de los equipos, lo que llevó a que su representante legal también fuera declarado responsable fiscalmente. Asimismo, se hallaron fallas en el consorcio interventor, que aprobó órdenes de pago sin realizar una verificación adecuada de la documentación, omitiendo así el cumplimiento de las condiciones necesarias para acceder a los recursos.
En cuanto a los funcionarios del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUNTIC), la Contraloría decidió no imputarles responsabilidad fiscal. Adriana Meza, representante legal delegada de FUNTIC, no fue informada del incumplimiento hasta mayo de 2021, lo que limitó su capacidad de acción. Por su parte, Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio TIC, demostró haber seguido todos los procedimientos requeridos y que fue inducida a error por el consorcio. Camilo Alberto Jiménez Santofimio, supervisor del contrato, tampoco fue considerado responsable, ya que su rol no incluía la aprobación de órdenes de pago.
Este fallo pone de relieve la importancia de la supervisión y el control en la ejecución de proyectos públicos, especialmente aquellos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables del país. La Contraloría continúa su labor en la búsqueda de justicia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
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