El ente de control indicó que las cifras de violencia sexual contra menores son alarmantes y alertó sobre varios obstáculos que dificultan el acceso a la justicia y atención para las víctimas. Entre estos obstáculos, se mencionó la falta de activación de rutas de atención en salud y en instituciones educativas, la escasa articulación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, y la ausencia de presencia institucional en regiones apartadas. En este contexto, la Procuraduría enfatizó que «el Gobierno tiene la responsabilidad de implementar el sistema de alertas dentro de un plazo definido» y pidió claridad sobre las medidas adoptadas por el Comité Interinstitucional para asegurar una respuesta.
El requerimiento también fue dirigido a los ministros de Salud y Protección Social, de Educación, ya la Viceministra de la Mujer, así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Nacional. La Procuraduría solicitó avances específicos en la formulación de políticas que garanticen un acceso ágil y seguro a la justicia para los menores víctimas de delito.
Paralelamente, la Procuraduría constituyó una agencia especial para intervenir en el proceso penal por el homicidio y abuso sexual de Alexis Delgado, un caso que ha generado gran conmoción. La entidad también participará en el proceso de Restablecimiento de Derechos de una menor de siete años en Sabanalarga, Atlántico, quien fue víctima de maltratos y torturas presuntamente a manos de su abuela y abuelastro. Los detalles de este caso, que involucran graves lesiones físicas, como quemaduras y desprendimiento de dientes y uñas, ilustran la urgencia de fortalecer la protección a los menores en diferentes situaciones.
La Procuraduría insistió en que el Gobierno debe priorizar la seguridad de los menores y superar las barreras que impiden una respuesta oportuna y efectiva. Ante el dramático panorama de violencia, la entidad recordó que es imperativo que las instituciones involucradas trabajen de manera coordinada para reducir la incidencia de abusos y asegurar que los niños, niñas y adolescentes estén protegidos.
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