El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santa Rosa de Viterbo dictó una medida de aseguramiento intramural para cuatro personas vinculadas al escandaloso caso de la inmobiliaria Ávitar, acusada de realizar captación ilegal de dineros en varias ciudades del departamento de Boyacá y otras zonas del país.
La decisión judicial afecta directamente a la exconcejal de Duitama, Martha Nubia Suárez, y a los implicados Karen Julieth Velandia, Jorge Alexander Velandia y Eric Benítez. Todos ellos han sido señalados de ser partícipes de una organización que, a través de promesas de inversión en proyectos inmobiliarios, estafó a centenares de ciudadanos en Duitama, Sogamoso, Tunja y otros municipios, dejando a las víctimas con grandes pérdidas económicas.
El riesgo de la prisión domiciliaria
En la audiencia en la que se evaluó la situación jurídica de estos individuos, el abogado de las víctimas, Henry Manuel Gutiérrez, argumentó que permitirles enfrentar el proceso en libertad bajo prisión domiciliaria representaba un grave riesgo para las víctimas. Según Gutiérrez, el acceso que los implicados tendrían a dispositivos electrónicos, como teléfonos e internet, les permitiría continuar con sus actividades ilícitas, incluso desde su lugar de reclusión.
«Si estuvieran en prisión domiciliaria, no solo tendrían acceso a las redes sociales y sistemas informáticos, sino que podrían seguir cometiendo el mismo delito, estafando a más personas. La magnitud de los recursos que lograron sustraer del público justifica esta medida», explicó el abogado defensor de las víctimas.
Ávitar, que se promocionaba como una inmobiliaria legítima a través de redes sociales, desmentía en videos que fuera una pirámide, invitando a los ciudadanos a invertir. Sin embargo, su estructura resultó ser una operación fraudulenta, similar a un esquema piramidal, que utilizó promesas de retorno económico rápido y alto para atraer a los inversores. Las autoridades calculan que miles de personas fueron afectadas por esta estafa, cuyas inversiones no fueron nunca devueltas.
Protestas y demandas de justicia
El caso ha generado una creciente indignación entre las víctimas, quienes, en varias ocasiones, se han manifestado frente a los juzgados en Duitama exigiendo justicia y una respuesta rápida por parte del sistema judicial. Desde que se destapó el fraude, los afectados han clamado por el castigo de los responsables, que no solo defraudaron económicamente a los ciudadanos, sino que también socavaron la confianza en los sistemas de inversión en la región.
Con esta nueva medida de prisión, la justicia ha dado un paso más en la investigación, enviando un mensaje claro a quienes participan en este tipo de actividades ilegales. Sin embargo, el proceso sigue en marcha, y se espera que en las próximas semanas se continúen realizando audiencias para determinar la responsabilidad de otros involucrados en el caso.
Orden de captura vigente
Además de los implicados que fueron enviados a prisión, las autoridades han emitido una orden de captura vigente para el presidente de Ávitar, Jersson Velandia, y otros responsables de la organización. La investigación continúa abierta, y se prevé que surjan nuevos elementos que puedan esclarecer aún más los alcances de este fraude, uno de los más grandes de los últimos años en la región.
Este caso pone en evidencia los riesgos de la captación ilegal de dinero a través de plataformas virtuales, un delito que sigue cobrando víctimas y que pone en alerta a las autoridades frente a la proliferación de estafas en línea.
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