Un reciente informe sobre la desaparición forzada en Boyacá ha revelado cifras alarmantes y subraya la urgencia de abordar esta crisis en la región. El documento es el resultado de un esfuerzo conjunto entre cuatro organizaciones defensoras de derechos humanos, que han trabajado en la recopilación de datos y en el acompañamiento a las familias víctimas de desapariciones en los departamentos de Boyacá y Guaviare.
El informe se centra particularmente en la Provincia de Lengupá, en el sur de Boyacá, una zona donde la presencia de grupos armados ilegales como paramilitares y autodefensas campesinas ha dejado una profunda huella de violencia. Durante los últimos tres años, las organizaciones involucradas han documentado los casos de desapariciones forzadas que, según indican, son el resultado de estos grupos armados fuera de la ley.
Tatiana Triana Prieto, abogada y analista de la Corporación COSPACC, una de las entidades que lideró el proyecto, entregó recientemente el informe a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. En su intervención, Triana destacó la importancia de continuar con el trabajo de documentación de casos. “Vamos a seguir recopilando registros, porque sabemos que existen diferentes circunstancias que han llevado a estas desapariciones. Seguiremos acercándonos a las familias y exigiendo a las instituciones que atiendan de manera urgente esta barbarie que ha marcado la vida de cientos de colombianos”, señaló.
Aunque el informe se enfoca en Lengupá, Triana indicó que también tienen registros de desapariciones forzadas en otras provincias de Boyacá, como La Libertad, Sugamuxi y Tundama, donde las familias siguen buscando a sus seres queridos.
Este informe resalta no solo la magnitud de las desapariciones forzadas en Boyacá, sino también la falta de respuestas adecuadas por parte de las autoridades para esclarecer los casos y garantizar justicia para las víctimas. La situación pone de manifiesto la necesidad urgente de políticas públicas más efectivas que garanticen la búsqueda de desaparecidos, la reparación a las víctimas y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos en el país.
Las organizaciones que participaron en el proyecto, que incluyen a la Corporación COSPACC, hacen un llamado a la Unidad de Búsqueda y al gobierno nacional para que se tomen medidas inmediatas para atender este problema, que continúa afectando a miles de familias en Boyacá y otras regiones del país.
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