El sistema de salud de Boyacá atraviesa una crisis económica y operativa sin precedentes, producto de las millonarias deudas que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han acumulado con los hospitales públicos y clínicas privadas del departamento. La situación pone en grave riesgo la atención médica para más de 600 mil afiliados de la Nueva EPS, una de las aseguradoras más importantes de la región.
Según el Secretario de Salud de Boyacá, Óscar Jiménez, la deuda total de la Nueva EPS con el sistema de salud boyacense supera los 200 mil millones de pesos, distribuidos entre diversas instituciones. De esta cifra, cerca de 100 mil millones de pesos corresponden a la deuda con el Hospital San Rafael de Tunja, mientras que el resto está dividido entre las clínicas privadas de Sogamoso, Duitama y Tunja, así como con las Empresas Sociales del Estado (ESE) de la región.
Una emergencia social
Jiménez calificó la situación como una emergencia social y alertó que, si no se implementa una inyección inmediata de recursos, los hospitales y clínicas de Boyacá podrían verse obligados a paralizar los servicios médicos esenciales, afectando a más de un millón de personas afiliadas a diversas EPS, entre ellas Famisanar y Sanitas, que también tienen una importante presencia en el departamento.
«Si no conseguimos una solución rápida, más de 600 mil personas afiliadas a la Nueva EPS en Boyacá podrían quedarse sin acceso a los servicios de salud que requieren. Esta es una crisis que no podemos permitir que siga escalando», expresó Jiménez, visiblemente preocupado por la gravedad de la situación.
Acciones urgentes para garantizar la atención
El 12 de diciembre, la Secretaría de Salud de Boyacá convocará una mesa de trabajo con los directivos de la Nueva EPS, Famisanar, Sanitas y representantes de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de la región. El objetivo de este encuentro es llegar a acuerdos de pago que permitan reestablecer el flujo de recursos y garantizar la continuidad de los servicios de salud hasta el final del año, evitando que los hospitales y clínicas de Boyacá suspendan su atención médica.
Llamado urgente a la intervención del Gobierno Nacional
Ante el panorama crítico, el Secretario de Salud hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Salud para que tomen cartas en el asunto y gestionen una intervención inmediata. Jiménez subrayó que es prioritario asegurar el acceso oportuno y de calidad a los servicios médicos para los habitantes de Boyacá, quienes podrían verse afectados por una crisis de salud pública sin precedentes.
“La salud de cientos de miles de boyacenses está en juego. Es nuestra responsabilidad garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios médicos que requieren. No podemos permitir que esta crisis se agrave aún más”, afirmó el Secretario de Salud.
Impacto en la economía local y la estabilidad del sistema de salud
La crisis de deuda no solo pone en riesgo la salud de los boyacenses, sino que también afecta gravemente la estabilidad económica de las instituciones de salud en la región. Los hospitales y clínicas se enfrentan a dificultades para saldar sus deudas con proveedores y mantener el funcionamiento adecuado de sus servicios. Esto podría traducirse en una disminución de la calidad de atención y en la falta de insumos médicos esenciales para tratar a los pacientes.
Además, la incertidumbre sobre el pago de las deudas genera una falta de confianza entre los trabajadores del sector salud, quienes temen por la estabilidad de sus empleos y condiciones laborales.
El futuro del sistema de salud en Boyacá
La situación del sistema de salud de Boyacá refleja un problema estructural más amplio que afecta a muchas regiones del país, donde las EPS enfrentan dificultades para cubrir las deudas con las IPS, generando un ciclo de insolvencia financiera que pone en riesgo la salud pública.
Si bien el 12 de diciembre será una fecha clave para encontrar una solución inmediata a la crisis, los expertos advierten que se requiere de un plan a largo plazo para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud en Boyacá y en otras regiones del país.
La atención médica de calidad es un derecho fundamental para todos los colombianos, y la crisis que atraviesa Boyacá es un recordatorio urgente de la necesidad de fortalecer y reformar el sistema de salud para asegurar que no se repitan situaciones como la que vive actualmente este departamento.
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