La Contraloría General de la República ha emitido un contundente pronunciamiento respecto a los bajos niveles de ejecución del presupuesto público y la caída en los ingresos tributarios, que afectan gravemente las finanzas del país. A noviembre de 2024, el recaudo tributario alcanzó solo el 72% de la meta anual, y la ejecución del presupuesto presenta uno de los índices más bajos en los últimos cinco años.
A pesar de que el presupuesto de 2024 fue aprobado con una asignación de $503,4 billones, hasta noviembre solo se ha ejecutado el 71,1%, una cifra alarmantemente baja, similar a los niveles de 2020 durante la pandemia. En particular, la inversión solo alcanzó el 44,8% de lo presupuestado, lo que podría resultar en la no utilización de recursos clave para el desarrollo de programas esenciales, generando una posible pérdida de hasta $96,87 billones.
Uno de los factores que ha afectado esta situación es el insuficiente recaudo tributario. Los ingresos por impuestos suman $227,41 billones, un 9,3% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que refleja una caída del 18% en el impuesto de renta y una disminución en los impuestos externos. Este panorama complica la capacidad del Gobierno para financiar sus compromisos, lo que podría llevar a la necesidad de recurrir a crédito o recortes adicionales.
La Contraloría también alertó sobre el uso excesivo de mecanismos como las fiducias y convenios interadministrativos para mostrar ejecución presupuestal, lo que podría enmascarar la falta de efectividad en la implementación de proyectos. Hasta la fecha, se han destinado $24 billones a contratos fiduciarios, lo que requiere una vigilancia estricta para garantizar su transparencia y eficiencia.
Ante este escenario, el organismo fiscalizador instó a las autoridades a redoblar esfuerzos para asegurar que los recursos sean utilizados de manera eficiente y que los proyectos de inversión no sufran más retrasos. También enfatizó la necesidad de optimizar las estrategias de recaudo tributario y garantizar una ejecución efectiva que impulse el crecimiento económico y beneficie a la sociedad colombiana.
El llamado de la Contraloría es claro: acelerar la ejecución del presupuesto, priorizar la transparencia en el uso de recursos y ajustar las políticas fiscales para mitigar los riesgos de una mayor dependencia del crédito. Sin estas acciones, el país podría enfrentar serias dificultades económicas en los próximos años.
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