Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, fue privada de libertad tras la decisión de una juez de control de garantías en Bogotá, quien le impuso una medida de aseguramiento preventiva en prisión por su presunta implicación en un esquema de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ortiz Nova está acusada de recibir y trasladar 3.000 millones de pesos, que habrían sido parte de coimas relacionadas con irregularidades en la contratación en la UNGRD.
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que señalan a la exfuncionaria por su posible participación en un entramado de lavado de activos y tráfico de influencias, delitos que ella no ha aceptado durante su proceso judicial. Según las investigaciones, Ortiz Nova habría facilitado reuniones entre directivos de la UNGRD y el entonces presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez, para coordinar los pagos ilícitos.
La trama comenzó a destaparse luego de un encuentro ocurrido el 12 de octubre de 2023, en un apartamento en el centro de Bogotá, donde la exconsejera habría recibido una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo de manos de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente. Según la Fiscalía, Ortiz Nova trasladó el dinero en un vehículo oficial al norte de Bogotá, donde lo entregó al senador Name Vásquez.
Al día siguiente, en un segundo encuentro en el mismo lugar, Pinilla Álvarez presuntamente entregó otra maleta con 1.500 millones de pesos adicionales, los cuales también fueron movilizados por la exconsejera hacia el mismo punto de entrega. Estas operaciones habrían sido parte de un mecanismo de sobornos relacionados con contratos de la UNGRD.
Por la gravedad de las acusaciones y los elementos probatorios presentados, la juez ordenó que Ortiz Nova permaneciera en una guarnición militar para garantizar su seguridad mientras se resuelve su situación legal. Este caso es parte de una investigación más amplia sobre corrupción en la gestión pública y pone en evidencia los vínculos ilícitos que habrían existido entre funcionarios de alto nivel, tanto en la UNGRD como en el Congreso de la República.
La detención de la exconsejera genera un nuevo giro en la lucha contra la corrupción en Colombia, mientras las autoridades siguen investigando a otros involucrados en este caso, en busca de mayores responsabilidades dentro del entramado de coimas y tráfico de influencias.
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