La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales ante la creciente crisis de desplazamiento forzado en la región del Catatumbo, norte de Colombia. En un comunicado oficial emitido el 18 de enero de 2025, la entidad expresó su preocupación por el aumento de los hechos violentos que han obligado a miles de familias a abandonar sus hogares en municipios como Tibú, El Carmen y Convención.
El fenómeno de desplazamiento ha sido atribuido principalmente a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan controlar el territorio, situación que ha generado un alto nivel de inseguridad para los habitantes de la zona. La Procuraduría instó a las autoridades a garantizar la protección de los derechos humanos de la población civil y a implementar medidas efectivas para frenar la violencia.
Además, la entidad hizo un llamado a reforzar las políticas de asistencia humanitaria, garantizando el acceso a refugio, alimentación y atención médica para las víctimas del desplazamiento. En este sentido, la Procuraduría subrayó la importancia de coordinar esfuerzos entre el Estado y las organizaciones internacionales para brindar ayuda a las comunidades afectadas.
El anuncio subraya la necesidad de una intervención integral que no solo aborde las consecuencias del desplazamiento, sino que también trabaje en las causas estructurales del conflicto armado en la región, promoviendo la paz y el desarrollo sostenible en el Catatumbo.
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