El recorte presupuestario al Ministerio del Deporte, que para 2025 se estableció en 464.000 millones de pesos, ha tenido consecuencias significativas en diversos sectores deportivos del país, particularmente en el fútbol colombiano. La falta de recursos ha afectado tanto a los deportistas de alto rendimiento como a las entidades encargadas de supervisar las obligaciones laborales de los clubes, lo que ha generado una crisis económica que afecta a equipos como Deportivo Pereira y Deportivo Pasto.
Uno de los sectores más perjudicados por esta reducción de fondos ha sido el fútbol colombiano, especialmente los clubes de la Dimayor (División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano), que enfrentan serias dificultades financieras. Según la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), varios clubes han incurrido en deudas salariales, especialmente Deportivo Pereira y Deportivo Pasto, que inician el año 2025 con atrasos en los pagos a sus jugadores y personal.
Acolfutpro ha denunciado que el Ministerio del Deporte no ha tenido los recursos necesarios para realizar una supervisión adecuada sobre estos equipos, lo que ha permitido que continúen con estas prácticas. Carlos González Puche, presidente de la asociación, expresó su preocupación por la incapacidad del ministerio para cumplir con su labor de inspección, control y vigilancia debido a la falta de presupuesto. Según él, «no tienen plata para desplazamientos» y esto ha dificultado su capacidad para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los futbolistas.
El presidente de Acolfutpro también denunció una práctica ilegal que algunos clubes están utilizando para evitar sanciones. Algunos equipos, al estar en deuda con sus jugadores, recurren a mecanismos de pago no laborales, lo que les permite registrar pagos menores o irregulares a sus trabajadores. Esto da la apariencia de que las deudas han sido saldadas, pero en realidad, muchos montos adeudados, por otros conceptos que no son laborales, no son cancelados. Esta práctica no solo es legalmente cuestionable, sino que pone a los clubes en riesgo de enfrentar demandas millonarias por parte de los futbolistas, quienes, tras esperar el fin de sus contratos, podrían recurrir a la justicia para reclamar lo que se les debe.
A pesar de que no todos los clubes recurren a estas prácticas, la deuda salarial es un problema que afecta a varios equipos de la liga colombiana, creando una situación de desigualdad entre aquellos que cumplen con sus obligaciones y los que no lo hacen. González Puche destacó la injusticia que esto representa, señalando que los clubes que cumplen con las normas y pagan a tiempo se ven perjudicados por aquellos que eluden sus responsabilidades, afectando incluso la competitividad del campeonato.
La crisis económica del fútbol colombiano, exacerbada por el recorte al presupuesto del Ministerio del Deporte, subraya la necesidad de una regulación más estricta y de un apoyo financiero adecuado para garantizar que los clubes cumplan con sus obligaciones salariales. Mientras tanto, la práctica de «jugaditas» ilegales para eludir las deudas pone en evidencia la fragilidad del sistema y el riesgo de que más clubes enfrenten consecuencias legales. La Dimayor y el Ministerio del Deporte deben actuar con urgencia para asegurar la transparencia y la justicia en el fútbol profesional colombiano, protegiendo los derechos de los futbolistas y promoviendo un ambiente más equitativo para todos los involucrados.
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