En una histórica resolución, los tribunales de Boyacá han emitido una sentencia clave que protege los derechos colectivos de las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas de los municipios de Guateque, Somondoco y San Eduardo. En respuesta a una demanda presentada por un defensor de los derechos de esta población, los jueces han ordenado a las autoridades locales tomar medidas urgentes para garantizar que estos grupos puedan acceder a los servicios públicos en condiciones de igualdad y sin barreras.
La demanda alegaba que las alcaldías de los tres municipios no habían implementado programas adecuados para la atención de personas con limitaciones auditivas, específicamente, la ausencia de intérpretes y guías intérpretes oficiales para la comunicación en Lengua de Señas Colombiana (LSE). Esta omisión, según los demandantes, vulneraba los derechos fundamentales de la población sorda y sordociega, quienes se veían excluidos de un acceso pleno a los servicios municipales y públicos.
Los tribunales respondieron rápidamente, reconociendo la falta de accesibilidad en los servicios públicos y ordenaron a las alcaldías implementar una serie de medidas. Entre las órdenes más destacadas, se incluye la obligación de crear espacios adecuados con tecnología de apoyo como la plataforma “SERVIR” del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), y la capacitación de funcionarios para asegurar una atención eficiente y respetuosa con las personas con discapacidad auditiva.
Además, en su fallo, los jueces instaron a los municipios a incorporar señales visibles en braille y lenguaje de señas, asegurando que las instalaciones públicas sean accesibles tanto para personas sordas como para personas sordociegas, permitiendo una navegación sin barreras. También se incluyó la obligatoriedad de garantizar el acceso a plataformas digitales para la comunicación en lengua de señas.
Este fallo no solo representa una victoria legal para las personas con discapacidad auditiva en estos municipios, sino que también establece un precedente importante en la lucha por la inclusión y el acceso equitativo a los servicios públicos en Colombia. La sentencia resalta el compromiso de las autoridades judiciales con la protección de los derechos colectivos y el acceso igualitario para todos los ciudadanos, sin importar sus condiciones físicas o sensoriales.
A través de estas decisiones judiciales, se espera que se senten las bases para una mayor conciencia y acción en todo el país, promoviendo una sociedad más inclusiva donde las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas tengan acceso pleno y equitativo a la información y los servicios públicos.
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