La Fiscalía General de la Nación ha acusado formalmente a cinco personas vinculadas a un complejo esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los acusados incluyen a tres exdirectivos, un exasesor y un contratista, quienes estarían involucrados en el direccionamiento de contratos y el manejo irregular de recursos para obras de mitigación de emergencias y suministro de agua potable en La Guajira.
La acusación se refiere a hechos ocurridos entre marzo de 2023 y febrero de 2024, cuando los implicados facilitaron la adjudicación de contratos a favor de empresas específicas, a través de procedimientos irregulares que afectaron el desarrollo de proyectos clave para la atención de emergencias en varias regiones del país.
Los acusados son el exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; el exsubdirector de Manejo del Riesgo, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez; el exasesor Pedro Andrés Rodríguez Melo; el exdirector de Conocimiento, Luis Carlos Barreto Gantiva; y el contratista Luis Eduardo López Rosero. Las acusaciones incluyen delitos como el interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público, y, en el caso de Barreto Gantiva, concierto para delinquir agravado.
La investigación revela que las personas involucradas favorecieron al contratista López Rosero con el direccionamiento de órdenes de proveeduría, lo que implicó la asignación de grandes sumas de dinero para la compra de materiales y equipos, tales como carrotanques, camiones tipo bombero y otros recursos para atender emergencias en los departamentos de Nariño, Chocó y Cauca. Además, la denuncia incluye la entrega de información privilegiada sobre los procesos contractuales y la manipulación de un contrato de alquiler de carrotanques por 24.000 millones de pesos.
Los próximos pasos del proceso judicial incluyen audiencias preparatorias programadas para los días 3 y 23 de abril, y el 7 de mayo de 2025, en el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Bogotá.
Este caso subraya la lucha de las autoridades por erradicar la corrupción en la gestión de recursos públicos destinados a la protección y bienestar de las comunidades más vulnerables del país.
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