En la sesión de hoy de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, se hizo un enérgico llamado a las autoridades competentes para reanudar las mesas de trabajo sobre la delimitación de páramos y fronteras agrícolas en Colombia, especialmente en el departamento de Boyacá. Este proceso, que busca proteger los ecosistemas estratégicos de páramos, enfrenta varios retos, incluidos la falta de participación, desinformación y problemas económicos para las comunidades afectadas.
Boyacá, con sus seis complejos de páramos que abarcan más de 60 municipios, es uno de los principales focos de atención debido a la trascendencia de estos ecosistemas para la biodiversidad y el abastecimiento hídrico. Sin embargo, la implementación de la normativa para delimitar estas áreas ha generado preocupación, sobre todo entre las comunidades campesinas que habitan estas zonas desde hace décadas.
En un contexto donde la delimitación de páramos es vista como una medida esencial para la conservación, la falta de políticas claras que apoyen económicamente la transición de las comunidades campesinas está generando un clima de incertidumbre. Las autoridades no solo deben proteger el medio ambiente, sino también garantizar que las familias que dependen de estas tierras no queden desprotegidas, y tengan acceso a soluciones sostenibles que aseguren su bienestar.
El Ministerio de Ambiente y otras entidades responsables fueron instados a retomar las mesas de trabajo, con el compromiso de incluir a las comunidades afectadas, escuchar sus preocupaciones y diseñar estrategias que permitan una transición efectiva. Estas mesas no solo deben enfocarse en la delimitación de los páramos, sino también en la construcción de un plan económico que permita a los campesinos adaptarse a los cambios sin perder sus medios de vida.
Este llamado es crucial para lograr un balance entre la conservación de los ecosistemas y la protección de los derechos de las comunidades campesinas, quienes han sido los cuidadores tradicionales de estos territorios. Las autoridades tienen el reto de tomar decisiones que no solo beneficien al medio ambiente, sino que también den respuesta a las necesidades sociales y económicas de quienes habitan los páramos de Boyacá y otras regiones del país.
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