La Contraloría General de la República ha lanzado una alerta sobre la asignación y pago de subsidios en los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado en Colombia. Según un reciente análisis, un alarmante 34% de los municipios del país no cumplen con la normativa que exige destinar al menos el 15% de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para estos subsidios. Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos y afecta principalmente a la población más vulnerable.
El incumplimiento de la Ley
A través de un exhaustivo requerimiento de información a diversas entidades, la Contraloría ha identificado que 361 municipios no están destinando los recursos adecuados para los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, tal como lo establece la Ley 1176 de 2007. Además, 145 municipios ni siquiera han presentado los reportes correspondientes, lo que agrava aún más la situación.
Demoras críticas que afectan a los prestadores de servicios
La situación es aún más grave cuando se examinan los tiempos de pago. En promedio, las entidades territoriales tardan 60 días en reconocer los subsidios a los prestadores de los servicios, pero en algunos casos, la demora supera el año, alcanzando hasta 360 días. Esta falta de liquidez pone en peligro el buen funcionamiento de los servicios, como lo evidencia el caso de la Empresa Aguas de la Península SAESP, que, debido a la falta de pago de subsidios por parte de la Alcaldía de Maicao, se vio forzada a solicitar recursos adicionales a su casa matriz para garantizar la continuidad de sus operaciones.
Impacto económico y social
A corte del 31 de diciembre de 2024, las deudas por subsidios impagos superan los 180.000 millones de pesos, lo que afecta directamente a los sectores más desfavorecidos de la población, quienes dependen de estos subsidios para acceder a servicios básicos como agua potable y saneamiento. Además, existen casos extremos donde los municipios adeudan millones de pesos a los operadores de servicios públicos, lo que no solo pone en riesgo la operación de los mismos, sino también la calidad y sostenibilidad del servicio.
Problemas ambientales y de salud pública
El atraso en el reconocimiento de los subsidios también está generando problemas en el servicio de aseo. Los rellenos sanitarios, al borde de su capacidad, se enfrentan a graves riesgos ambientales, como la emisión de gases de efecto invernadero y lixiviados, que afectan tanto al medio ambiente como a la salud pública. En el departamento de Córdoba, por ejemplo, un operador ha presentado más de 10 derechos de petición ante la Contraloría debido a estos problemas.
Un llamado urgente a la eficiencia y transparencia
En este contexto, la Contraloría General hace un llamado a las entidades territoriales para que apliquen de manera eficaz, eficiente y oportuna los recursos del Sistema General de Participaciones. La Corte Constitucional, en su Sentencia C-203 de 2020, ratificó la obligatoriedad de garantizar la prestación continua y de calidad de estos servicios, esenciales para la vida de millones de colombianos.
Ante la gravedad de la situación, la Contraloría continuará con sus auditorías y acciones de control fiscal. Durante el primer semestre de 2025, se realizarán ocho auditorías en 32 municipios de siete departamentos del país, con el objetivo de garantizar que los recursos destinados a los subsidios sean gestionados adecuadamente y en beneficio de la población más vulnerable.
La crisis de los subsidios es un problema de todos y requiere una respuesta urgente y decidida para evitar que más colombianos se vean afectados por la falta de acceso a servicios básicos.
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