El municipio de Paipa deberá pagar indemnización por ocupación ilegal de un inmueble

En una reciente decisión, el Tribunal Administrativo de Boyacá condenó al municipio de Paipa a pagar una indemnización por los perjuicios causados a una propietaria, debido a la ocupación temporal e irregular de un inmueble de su propiedad. El conflicto surgió luego de que el municipio, que inicialmente había alquilado el inmueble a la demandante, no renovó el contrato de arrendamiento y continuó utilizando el espacio sin restitución del mismo, lo que generó una ocupación ilícita durante varios períodos entre 2016 y 2019.

Los hechos detrás de la demanda
La propietaria del inmueble, quien arrendó su propiedad al municipio de Paipa a partir del 8 de septiembre de 2008, presentó una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, solicitando que el municipio fuera declarado responsable por los daños ocasionados. En su demanda, la actora argumentó que el municipio había ocupado el inmueble de manera irregular entre el 1° de enero de 2016 y el 4 de julio de 2017, y nuevamente entre el 1° de noviembre de 2018 y el 7 de julio de 2019, sin que se hubiera formalizado ningún nuevo contrato de arrendamiento.

Durante los períodos en los que no se renovó el contrato, el municipio utilizó el inmueble para el funcionamiento de dependencias adscritas a la alcaldía. A pesar de las reiteradas solicitudes de la demandante para que se aclarara la situación, el municipio no respondió ni devolvió el inmueble, lo que finalmente llevó a la propietaria a interponer la demanda.

Decisión del Tribunal Administrativo
En primera instancia, el juez reconoció la responsabilidad del municipio, considerando que su ocupación del inmueble sin un contrato formal constituía una ocupación ilícita. El municipio de Paipa apeló la decisión, pero el Tribunal Administrativo de Boyacá ratificó la sentencia.

La Sala de Decisión No. 3 destacó que la causa del daño fue la ocupación temporal e irregular del inmueble por parte de la administración municipal, lo que contravino la voluntad de la propietaria. A pesar de que el municipio había suscrito contratos de arrendamiento en los años anteriores, no renovó los acuerdos en los periodos reclamados y, sin embargo, continuó ocupando el inmueble sin justificación legal.

El Tribunal subrayó que el municipio, al no formalizar un contrato de arrendamiento y mantener la ocupación, desconoció el derecho de propiedad de la demandante, lo que afectó su patrimonio de manera significativa. En este sentido, se concluyó que el municipio debía responder por los perjuicios causados por esa ocupación no autorizada.

Repercusiones legales y económicas
El Tribunal también determinó que la indemnización debía tener en cuenta los valores que la demandante podría haber obtenido si el municipio hubiese celebrado un contrato de arrendamiento adecuado. Así, se fijó que el municipio debía compensar a la propietaria por el uso del bien sin título alguno, subrayando que la indemnización no debía basarse en el concepto de «enriquecimiento sin causa», sino en la «ocupación temporal de hecho».

Con esta sentencia, el Tribunal reitera la importancia de respetar los derechos de propiedad y las obligaciones contractuales en los contratos de arrendamiento entre entidades públicas y particulares. Este fallo establece un precedente en cuanto a la responsabilidad de las entidades públicas por ocupación indebida de bienes, y subraya la necesidad de actuar conforme a la ley y dar respuesta a las solicitudes de los propietarios.

Por tanto, el municipio de Paipa ha sido condenado a indemnizar a la demandante por los perjuicios ocasionados por la ocupación irregular del inmueble, y la decisión del Tribunal confirma la sentencia inicial, aunque ajustando los fundamentos legales para el cálculo de los perjuicios.