Contralor General alerta sobre las consecuencias presupuestales de la consulta popular
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, hizo un llamado de atención sobre el impacto que podría tener el costo de la consulta popular propuesta por el Gobierno en las finanzas del país. Durante su intervención en el foro «Elecciones 2026: un acuerdo nacional por la Transparencia», el Contralor destacó que la consulta podría generar ajustes en el presupuesto nacional, lo que a su vez afectaría otros sectores prioritarios.
Rodríguez Becerra expresó que la implementación de una carga adicional de más de 500 mil millones de pesos, como se prevé para la consulta, tendría que financiarse de alguna parte del presupuesto nacional. “Si se va a colocar una carga adicional de más de 500 mil millones de pesos, esos recursos deben salir de algún lado”, señaló el Contralor, advirtiendo sobre las posibles consecuencias para las finanzas públicas. Según su análisis, el costo de esta consulta podría generar ajustes o recortes en otros rubros, lo que afectaría diversas áreas de importancia para el país.
El funcionario también expresó su preocupación por las dificultades fiscales que enfrenta el país, mencionando el posible mal cálculo de los ingresos y el endeudamiento del Estado, lo cual podría generar una situación aún más complicada. «El Gobierno ha mostrado disposición para apoyar los procesos electorales, pero la consulta popular implica un gasto adicional que podría desajustar el panorama fiscal», puntualizó Rodríguez Becerra.
Informe sobre la situación fiscal
El Contralor General adelantó que la próxima semana presentará un informe detallado ante la Comisión Legal de Cuentas sobre la situación fiscal y financiera del país. Aseguró que la Contraloría sigue observando dificultades en el recaudo tributario y advirtió sobre las obligaciones pendientes del Estado, como el pago de subsidios de energía y las vigencias futuras, que incluyen obras clave como hospitales y escuelas. Según Rodríguez Becerra, si no se asegura el cumplimiento de estas obligaciones, algunas de estas obras podrían verse afectadas, lo que generaría riesgos para el desarrollo de infraestructura esencial.
Promesas presidenciales y realidad presupuestal
En su intervención, el Contralor también hizo un llamado de atención a los candidatos que participarán en las elecciones presidenciales de 2026, recordándoles que deben ser conscientes de la situación fiscal actual y evitar hacer promesas que no puedan ser cumplidas debido a las limitaciones presupuestales. «Es fundamental que los planes y promesas que se hagan durante la campaña sean acordes con la realidad presupuestal del país», enfatizó.
Rodríguez Becerra destacó que, con la situación económica actual, los compromisos políticos deben ajustarse a la capacidad real del Estado para cumplir con ellos. De lo contrario, se corre el riesgo de generar expectativas incumplibles que afecten la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Colaboración interinstitucional
En su discurso, el Contralor también subrayó la importancia de la colaboración armónica entre las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral, como la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aseguró que la Contraloría está dando acompañamiento al trabajo del Registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, en la organización de los próximos procesos electorales.
«Las elecciones no son responsabilidad exclusiva del Registrador. Todos debemos rodear a la Registraduría y al sistema democrático, porque defender la institucionalidad es esencial para garantizar un proceso electoral transparente y confiable», concluyó Rodríguez Becerra.
La advertencia del Contralor General pone de manifiesto la necesidad de una gestión fiscal más responsable y realista, en un contexto de crecientes demandas sociales y económicas. La situación fiscal del país sigue siendo un tema clave en la agenda pública, especialmente de cara a las próximas elecciones y los retos que implican para la administración pública y la sostenibilidad financiera del Estado.