El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, instó a realizar ajustes fundamentales en el sistema de subsidios del sector energético para asegurar que lleguen a quienes realmente lo necesitan. Esta solicitud surge a raíz de un estudio de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los subsidios en electricidad, gas y combustibles líquidos durante el periodo 2014-2024.
Rodríguez Becerra destacó que la actual estratificación para la asignación de subsidios no es la más adecuada y sugirió implementar el Registro Universal de Ingresos (RUI), administrado por el Departamento Nacional de Planeación, para lograr una focalización más precisa. En este sentido, subrayó la necesidad de minimizar los errores de inclusión y exclusión que afectan a los beneficiarios.
El estudio también revela que los subsidios han sido deficientes en cuanto a su otorgamiento, sostenibilidad y mejora en la cobertura. Entre los problemas estructurales identificados, se encuentran la falta de sostenibilidad fiscal en el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), así como la ausencia de controles efectivos sobre el uso de los recursos, lo que ha generado irregularidades y detrimento de más de $190 mil millones en la última década.
Además, la deuda pendiente de subsidios, que asciende a $2,7 billones hasta diciembre de 2024, pone en riesgo la estabilidad de las empresas del sector energético y la seguridad del servicio, lo que podría resultar en aumentos en las tarifas que afectarían principalmente a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. La situación también ha provocado la suspensión de servicio en algunas regiones, como en Boyacá, debido a los incumplimientos de pagos.
El Contralor hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes, como el Ministerio de Minas y Energía, para que implementen las acciones correctivas necesarias con prontitud y eviten mayores consecuencias para los usuarios y las finanzas públicas. A la vez, destacó la necesidad de fortalecer los sistemas de supervisión y control para garantizar la transparencia y efectividad del sistema de subsidios.
Este análisis de la Contraloría también revela que, a pesar de los esfuerzos realizados en la última década, las irregularidades continúan afectando la correcta distribución de los recursos, lo que pone en riesgo tanto el acceso a los servicios básicos como la estabilidad económica del país.
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