Tras meses de retrasos y tensiones, la Procuraduría General de la Nación logró destrabar el mantenimiento del gasoducto Porvenir-La Belleza, gracias a un acuerdo entre la comunidad local y la empresa TGI.
El conflicto surgió por el inconformismo de los habitantes, quienes exigían acceso al servicio de gas, argumentando años de afectaciones sin beneficios. La mediación permitió resolver las diferencias sin protestas ni enfrentamientos.
Aunque aún no hay fecha definida para el reinicio de labores, el consenso marca un avance clave en la gestión social y técnica del proyecto. La Procuraduría actuó junto a la Gobernación de Boyacá y autoridades municipales para garantizar el diálogo y el entendimiento.
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