La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años a cinco miembros del Ejército Nacional por su responsabilidad en la muerte de un indígena durante una operación militar en Corinto, Cauca.
Los hechos ocurrieron durante la ejecución de la operación No. 26 Orión en la vereda La Laguna, donde, según el fallo, los uniformados hicieron un uso «innecesario, desproporcionado e irracional» de sus armas, violando principios del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.
Entre los sancionados se encuentran un sargento, un cabo y tres soldados profesionales del Batallón de Alta Montaña No. 8. La investigación determinó que el indígena fallecido no disparó su arma, la cual fue hallada sin uso y en buen estado.
La Procuraduría calificó la falta como gravísima y señaló que los militares incumplieron su deber de proteger a la población civil. La decisión puede ser apelada.