En un fallo con enfoque de género y principio pro infans, la justicia ordenó el traslado laboral de una funcionaria del ICBF desde Barranquilla a Tunja, con el fin de proteger sus derechos fundamentales y los de sus hijos menores, quienes enfrentan graves problemas de salud.
La decisión surge tras comprobarse que la separación de la madre de su núcleo familiar afectó negativamente la salud física y emocional de sus hijos, uno de ellos diagnosticado con TDAH y otro con desnutrición severa. Aunque la entidad negó inicialmente la solicitud argumentando falta de vacantes, el tribunal evidenció que sí existían plazas disponibles.
El fallo critica al ICBF por omitir información clave y no considerar las necesidades familiares de la trabajadora, a pesar de su responsabilidad institucional en la protección de niños, niñas y adolescentes. El tribunal subrayó que las entidades públicas deben armonizar su gestión con los derechos fundamentales, especialmente en casos que involucran madres cuidadoras en contextos de alta vulnerabilidad.
La medida sienta un precedente al reconocer la doble carga que enfrentan muchas mujeres en el país, y la necesidad de decisiones estatales que integren perspectiva de género y garanticen el bienestar integral de los menores.
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