La recién conformada Veeduría Ciudadana de Tunja ha encendido las alertas sobre el papel de las Contralorías en Colombia, al radicar derechos de petición ante la Contraloría General, la departamental de Boyacá y la municipal de Tunja, exigiendo pruebas del cumplimiento del control fiscal a la contratación, como lo exige la Ley 80 de 1993.
Los veedores aseguran que las Contralorías no están cumpliendo su función constitucional, al omitir controles efectivos sobre los contratos públicos. “Los grandes responsables de la corrupción en Colombia son los entes de control”, afirmó Leonel Buitrago, integrante de la veeduría.
También se solicitaron respuestas a las oficinas de control interno de la Gobernación y la Alcaldía de Tunja, quienes por ley deben ejercer control previo y verificar la necesidad y legalidad de cada contrato.
La veeduría espera las respuestas oficiales para decidir si interpone una acción de cumplimiento que obligue a las entidades a aplicar la ley. En su análisis, el control fiscal debe ser articulado, preventivo y real, y no una revisión tardía que solo llega cuando el daño ya está hecho.