La Contraloría General de la República sancionó fiscalmente a exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por irregularidades en ayudas humanitarias durante la pandemia del COVID-19. El fallo impone un resarcimiento al Estado por $2.517 millones.
La investigación reveló sobrecostos en la compra de kits humanitarios, adquiridos a precios superiores a los del mercado, y entregas incompletas que afectaron a familias beneficiarias. También se detectaron graves fallas en la supervisión y control de los contratos.
Entre los responsables están el exdirector general de la UNGRD y tres subdirectores, quienes incurrieron en culpa grave al permitir estas anomalías, afectando la legalidad y eficiencia del gasto público.