El Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó el fallo que obliga al departamento y al municipio de Coper a intervenir de manera urgente la escuela San Ignacio, una sede rural del Colegio San Miguel que se encuentra en riesgo de colapso.
La demanda fue presentada por el personero municipal de 2023, Carlos Ernesto Fajardo, ante el deterioro crítico de la infraestructura. El Juzgado Décimo Administrativo de Tunja había ordenado en junio de 2024 sellar el plantel, habilitar una sede alterna para clases y realizar estudios técnicos para una solución definitiva.
Pese a la apelación del departamento, el Tribunal ratificó la sentencia, señalando la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y la prevención de desastres. La decisión obliga a actuar con prontitud para proteger la vida y el derecho a la educación de los estudiantes rurales.
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