La Fiscalía judicializó a Rafael Guillermo Acevedo Pedrosa, exsecretario de Infraestructura de Tunja, por presuntas irregularidades en un contrato verbal para el suministro de recebo destinado a obras públicas entre 2016 y 2017.
Según la investigación, el acuerdo con un proveedor de Motavita nunca se formalizó por escrito ni siguió el proceso legal de contratación, como estudios previos o apropiación presupuestal. Aun así, el material —valuado en $47,3 millones— fue entregado y transportado en vehículos oficiales.
La Alcaldía rechazó la cuenta de cobro al no existir contrato legal, pero en 2024 se firmó un acuerdo de indemnización por $70 millones. El exfuncionario fue imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cargo que no aceptó.
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