La Contraloría General de la República lanzó una alerta por graves irregularidades administrativas y financieras en la Nueva EPS, tras un operativo de policía judicial que recopiló 4.524 archivos de las vigencias 2022 a 2025.
El informe preliminar revela un incremento de anticipos pendientes por legalizar que pasó de $3,4 billones en 2023 a $15,27 billones en junio de 2025, así como 22,7 millones de facturas de servicios de salud sin procesar por un valor neto de $13,2 billones.
Además, las cuentas por pagar alcanzan $21,37 billones y las reservas técnicas presentan una subestimación de $11,1 billones, comprometiendo la liquidez y la prestación de servicios a cerca del 22 % de los afiliados del país.
El organismo de control remitirá los hallazgos a las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.
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