El Ministerio de Justicia presentó un nuevo protocolo dirigido a alcaldes, gobernadores y a la Policía Nacional para orientar la regulación del consumo de sustancias psicoactivas en parques y otros espacios públicos, en cumplimiento de la Sentencia C-127 de 2023 de la Corte Constitucional.
La hoja de ruta aclara que las autoridades deben diferenciar entre porte para uso personal y delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, evitando cualquier forma de discriminación hacia las personas consumidoras. El documento destaca que el abordaje del consumo debe centrarse en la salud pública, la atención integral y el respeto por los derechos humanos.
El protocolo recuerda que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia permite a las autoridades territoriales regular el consumo en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero advierte que las medidas no pueden basarse en políticas de penalización o “tolerancia cero”. En su lugar, propone alternativas que permitan enfrentar los mercados ilegales y reducir los impactos del tráfico ilícito, la delincuencia y la violencia.
Con este lineamiento, el Gobierno busca que las decisiones locales sean más claras, responsables y ajustadas a los estándares constitucionales y de salud pública.
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