El Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó que los habitantes de la vereda El Mortiño, en Socha, no recibirán indemnización por los daños causados a sus predios y viviendas presuntamente afectados por la explotación de carbón, debido a que presentaron su demanda de reparación directa de manera extemporánea.
Los pobladores buscaban que varias entidades públicas y empresas mineras fueran declaradas responsables por un daño que, según ellos, era “continuado” desde 2013. Peritajes de 2019 advertían pérdida total de viviendas y terrenos infertilizados.
El Tribunal, sin embargo, determinó que el “conocimiento cierto” del daño se produjo en marzo de 2017, cuando la comunidad elevó una petición a las autoridades denunciando deslizamientos, fracturas en viviendas y afectación de fuentes hídricas. Ese mismo año, la Agencia Nacional de Minería realizó una visita técnica que documentó las afectaciones.
A partir de esa fecha —indicó la sala— empezó a correr el plazo legal de dos años para demandar. Como la acción fue presentada en octubre de 2020, el tiempo ya había expirado. La caducidad, recordó el Tribunal, no se interrumpe por el agravamiento posterior del daño.
En consecuencia, la sentencia que declaró caducada la demanda quedó en firme, dejando sin reparación a los habitantes que reclamaban perjuicios materiales por los efectos de la actividad minera en su territorio.
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